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La Ley 7 de 14 de febrero de 2018 fue sancionada por el presidente de la República Juan Carlos Varela y promulgada este jueves en Gaceta Oficial.

A través de la iniciativa se busca prohibir y establecer la responsabilidad por todo acto de violencia que atente contra la dignidad, integridad física y psicológica de las personas, además, busca proteger el derecho al trabajo en condiciones de equidad.

La ley, aprobada el pasado 28 de abril por el pleno legislativo, también busca proteger el derecho al trabajo en condiciones de equidad y establecer políticas públicas para prevenir esos actos, de acuerdo con convenios establecidos de derechos humanos ratificados por el país.

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Actualmente, el Código Penal panameño solo se ocupa de casos de hostigamiento que contengan motivaciones sexuales, mas no del acoso moral o la intimidación escolar.

El documento, publicado hoy en la Gaceta Oficial bajo la denominación de Ley 7 de 14 de febrero de 2018, señala que la disposición obliga a todas las personas servidores públicos y estudiantes a regirse por la nueva norma.

Las entidades encargadas de promover programas educativos y evaluar el progreso de la ley serán el Ministerio de Educación, la estatal Universidad de Panamá, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Las multas por acciones de este tipo serán desde 550 dólares hasta los 1.000 dólares.

En caso de que la persona víctima de una acción de discriminación o acaso sea menor de edad, los padres o los que tengan la patria potestad podrán interponer la demanda.

La iniciativa, presentada desde el 2015 por la diputada independiente Ana Matilde Gómez, generó críticas por el contenido de la ley, dado por la existente cultura sobre el acoso callejero.

EFE

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Hector Figuera

Hector Figuera

CEO Fundador del portal RCENI Radio Centroamérica Internacional Audiovisualista Temático Antropocentrico especializado en composición.