Ley de Amnistía de Ortega plantea a las autoridades que no inicien procesos de investigación sobre delitos cometidos durante la crisis en Nicaragua. También que se cierren las causas administrativas y penales, y se abstengan de ejecutar sentencias.
Ley de Amnistía de Ortega diversos sectores de la oposición de Nicaragua rechazaron este sábado una propuesta presentada por el presidente del país. Daniel Ortega, para absolver de responsabilidad a quienes han cometido delitos en el ámbito de la crisis sociopolítica que se inició el 18 de abril del 2018.
«La Unidad Nacional Azul y Blanco rechaza rotundamente la propuesta de Ley de Amnistía. La cual es una ofensa para las víctimas de la represión». Señaló esa liga opositora en una declaración
Según la Unidad Nacional, esa propuesta de Ley de Amnistía de Ortega «constituye, al mismo tiempo. Una confesión del régimen de su conducta criminal y de su culpabilidad frente a la represión y muerte.» Que desató desde el 18 de abril de 2018 a la fecha. «Para lo cual quiere conseguir impunidad mediante amnistía».
Por su lado, el grupo Acción Penal, integrado en su mayoría por abogados que defienden a los denominados presos políticos por la oposición. Señalaron en un pronunciamiento que si bien es legal el proceso de aprobación de una amnistía, sin embargo, no es legítimo.
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No ha sido consultada
«No es legítimo por cuanto está siendo aprobada de manera unilateral y sin las consultas necesarias con los sectores sociales. Interesados dada la trascendencia y relevancia de este proyecto de Ley para los nicaragüenses, es decir. Que dicha Ley de Amnistía de Ortega está siendo aprobada sin consenso. Específicamente sin el de las familias de las víctimas en el contexto sociopolítico«. Argumentó ese grupo.
Advirtió, además, que en el texto se propone absolver a las personas que no han sido investigadas, «lo que genera impunidad». Y los manifestantes opositores detenidos quedan sujetos de «abstenerse de ejercer derechos y garantías individuales y colectivas establecidas en la Constitución Política».
En síntesis, el grupo de abogados alegó que esa propuesta de Ley de Amnistía de Ortega genera inseguridad jurídica. Para los «presos políticos» de forma particular y para toda la sociedad en general. Y «evidencia que el Estado de Nicaragua no tiene voluntad de restaurar instituciones democráticas, independientes entre sí y mucho menos que genere confianza a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional».
Busca proteger a sus represores
Por tanto, alertó que esa iniciativa «constituye una estrategia política para beneficiar a personas que no se encuentran. Siendo procesadas o investigadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis política». Así como «un obstáculo para un verdadero proceso de justicia transicional en Nicaragua».
Por su lado, el opositor Frente Amplio por la Democracia también expresó su rechazo a «la pretensión del régimen de aprobar una Ley de auto amnistía». Con la que «pretende evadir la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
El Ejecutivo solicitó que el proyecto de Ley de Amnistía de Ortega sea discutido con carácter de urgencia en la Asamblea Nacional. Cuya directiva, compuesta por oficialistas, citó a los representantes de los partidos políticos para que se presenten este sábado.
La amnistía que propone el presidente Ortega ordena a las autoridades que no inicien procesos de investigación. Sobre delitos cometidos en el marco de la crisis. Pero además que cierre las causas administrativas y penales, y se abstengan de ejecutar sentencias.
Ley de Amnistía de Ortega adicionalmente, propone cancelar los antecedentes penales de las personas beneficiadas con la amnistía. Incluyendo «delitos políticos y comunes conexos».
Finalmente, manda a que los beneficiados no participen «en conductas repetitivas generadoras de delitos políticos».
Presos políticos
Ese proyecto de Ley de Amnistía de Ortega se presentó a 11 días de que se cumpla el plazo en que el Ejecutivo prometió. Dar libertad absoluta a cerca de 800 «presos políticos». Aunque esta semana afirmó que únicamente les aplicaría excarcelación.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
Fuente: EFE
